Diputados federales de oposición del PAN y Movimiento Ciudadano consideraron que la iniciativa del jefe del Ejecutivo para sustituir al Conacyt y crear al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, además de ser centralista, atenta contra la libertad académica al marcar agenda de investigación y será un retroceso más a la ciencia en el país.
Así lo advirtieron el panista Juan Carlos Romero Hicks y el emecista, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, quienes coincidieron también en que, a dos años del retraso para la materializar una reforma científica, el mandatario federal excluye las otras cinco iniciativas presentadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para darle prioridad a la presidencial, que llegó el pasado 13 de diciembre y que fue turnada a la Comisión de Educación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y abrogar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El documento establece que, la distribución del presupuesto público que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se “canalizarán” preferentemente de manera directa a las y los becarios.
Además, las dependencias se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos.
En la exposición de motivos, el presidente López Obrador acusó al Conacyt de tolerar la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, sin estar vinculados totalmente a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas. Enfatizó que la aplicación de esta política tuvo como resultado el detrimento de los posgrados públicos (40.4%) y el aumento de los posgrados privados (59.6%).
El diputado de Acción Nacional y exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó una iniciativa en 2018 en el Senado, aseguró que la actual propuesta es inconstitucional al pretender marcar una agenda desde el Estado de los temas de investigación y violentar la libertad de cátedra.
“Es centralista, no entiende que es una política de Estado, se refiere a temas de investigación que no son motivo de una ley. La agenda atenta contra la libertad académica. Es inconstitucional porque atenta contra la libertad académica”, acusó.
El también secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Investigación manifestó, que previo a la llegada de la iniciativa presidencial, también se trabajó en conjunto una propuesta con las bancadas del PAN, PRI, PRD, MC, en donde “sí se consultó” ampliamente a universidades públicas y privadas, consejos estatales de Ciencia y Tecnología, además de grupos de investigadores.
Ante la prioridad de la iniciativa del Presidente, Romero Hicks aseguró que desde la oposición se buscarán parlamentos abiertos para dar voz a la comunidad científica.
“No es una buena iniciativa, por eso vamos hacer un parlamento abierto, vamos a buscar que haya un parlamento abierto en el que participen las universidades, los investigadores, los empresarios, los becarios”, adelantó.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano y también secretario de la Comisión de Ciencia, Mario Alberto Carrillo Rodríguez, cuestionó la insistencia presidencial por “limitar la libertad de cátedra” y querer calificar a un periodo de la investigación en México como “ciencia neoliberal”.
“Eso va afectar en limitar la libertad de cátedra que ha sido una de las cosas que se ha ido demandando y que se van a agudizar con esta dependencia. Al hacer que los investigadores alineen sus proyectos de investigación al Consejo Nacional, eso hace que todos de alguna manera homologuen criterios y en terreno de la ciencia, que es una crítica que ha generado mucho debate, es la ideología. La ciencia no tiene ideología y no tiene por qué alinearse a los criterios o la forma de pensar de una sola persona”, opinó.
El legislador, quien también es docente investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró equivocada la propuesta de eliminar los fideicomisos sin antes demostrar los actos de corrupción que se plantean en la iniciativa.
Rodríguez Carrillo señaló que la propuesta afectará a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores ya que el nuevo consejo va a alinear las condiciones y políticas de las áreas de interés para la investigación.
“El área de conocimiento es amplía, no tiene fronteras, sin embargo, lo que hoy pretenden es quitarles el dinero, les marcan políticas, los alinean. Vamos a perder investigación en el país, va a haber un retroceso de investigación en México, porque de por sí México no está bien parado en muchas áreas del conocimiento; va ser catastrófico a mediano plazo”, advirtió.
El legislador de Jalisco lamentó que la propuesta prohíba la evaluación de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por expertos externos y evaluaciones por sus pares del SIN.
“Ellos establecen mecanismos de evaluación que no son coherentes para la evaluación en el terreno científico. Podrían hacerlo para evaluar si ellos quieren su trabajo, su partido político, lo que ellos quieren, pero la ciencia no puede alinearse a procesos de evaluación de esta naturaleza”, criticó.
Consideró que es un error el estigmatizar a la inversión privada, ya que en los países avanzados en educación, la inversión privada es quien mayor recurso destina en las investigaciones.
EL ANTECEDENTE
El 15 de mayo de 2019 quedó promulgada en la parte constitucional y se mandató un artículo transitorio para expedir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar el 31 de diciembre de 2020 como parte de la obligación del Estado de considerar el derecho humano para el acceso a la ciencia, tecnología e innovación.
Por diversas razones, entre otras la pandemia, el Congreso está en falta.
El 23 de marzo de 2022 se instaló un proceso bicamaral para trabajar en conferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados.
En este momento existen 5 iniciativas, 3 en el Senado; 2 en la Cámara de Diputados, incluida la del Presidente de la República que acaba de llegar el 13 de diciembre.
LO QUE DICE LA INICIATIVA
- La junta de gobierno del nuevo consejo estará integrada por las secretarías del Bienestar, de Educación y de Hacienda. Se elimina la participación de la ANUIES, Sistema Nacional de Investigadores y el sector empresarial.
- La propuesta del jefe del Ejecutivo acusa que en el periodo neoliberal el otorgamiento de becas de posgrado obedeció a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos y económicos de las instancias responsables de su operación, en vez de ser resultado de la aplicación de criterios con rigor académico efectivo.
- Se propone la integración, operación y rectoría de una Agenda Nacional, un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
- El presidente López Obrador acusó al Conacyt de tolerar la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, sin estar vinculados totalmente a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas.
- El texto de la iniciativa presidencial refiere que se delegó en la iniciativa privada la responsabilidad de impartir educación superior y de posgrado, que operó bajo su propia lógica e intereses e incluso la demanda era presuntamente motivada en gran medida por modas y coyunturas artificiales.
